Cronología del caso Negreira

José María Enríquez Negreira ascendió al cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en 1993. Fue nombrado directamente por Victoriano Sánchez Arminio tras asumir la presidencia del CTA y permaneció en ese puesto de forma ininterrumpida durante veinticinco años, hasta mayo de 2018.

El cese se produjo con el relevo en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y, por arrastre, en la dirección del propio CTA. Ese dato temporal es central porque más adelante coincide con el corte abrupto de las facturaciones y pagos a las sociedades de su entorno.

Aunque en algunos escritos iniciales llegó a mencionarse 1994, la respuesta oficial certificada de la RFEF a la Fiscalía y la mayor parte de los informes definitivos de Guardia Civil y Agencia Tributaria sitúan el nombramiento en 1993.

El primer apunte contable conocido a favor de una sociedad del entorno de Enríquez Negreira aparece en 2000, durante la presidencia de Joan Gaspart. En la documentación del FC Barcelona examinada por la Guardia Civil figura un listado de movimientos de proveedor asociado a DASNIL 95 SL desde el 1 de noviembre de 2000.

Para el periodo comprendido entre julio de 2000 y el verano de 2001 constan pagos atribuidos por un total de 72.924,40 euros. Además, la Fiscalía y la AEAT consideran acreditado que la facturación de DASNIL al club ya existía en 2001 y 2002.

Ese arranque permite sostener que la relación económica con el entorno de Negreira no fue un episodio tardío ni aislado, sino una práctica anterior al primer mandato de Joan Laporta.

Joan Laporta asumió su primer mandato como presidente del FC Barcelona el 15 de junio de 2003. La causa documenta que, al inicio de esa etapa, un tesorero del club detectó las salidas de dinero y alertó a Laporta, aunque los documentos disponibles no identifican con nombre y apellidos a esa persona.

La estructura directiva de ese primer mandato incluía, entre otros, a Sandro Rosell como vicepresidente deportivo, Ferrán Soriano como vicepresidente económico y director general, Alfons Godall como vicepresidente primero, Albert Perrín como vocal y luego vicepresidente, y Toni Freixa como asesor legal.

La documentación judicial no acredita una dimisión colectiva amplia como tal, pero sí concreta ceses o salidas relevantes en 2005. Sandro Rosell declaró ante el juez que fue vicepresidente deportivo entre 2003 y 2005 y que dimitió ese año. Toni Freixa figura vinculado a la junta entre 2003 y 2005. Josep Maria Bartomeu explicó que formó parte de aquella primera junta y que regresó al club en 2010 como vicepresidente deportivo.

NILSAD SCP se constituyó el 20 de diciembre de 2005. José María Enríquez Negreira controlaba el 95% de las participaciones y ejercía la administración de hecho, mientras que el 5% restante se puso a nombre de su hijo Javier Enríquez Romero como mero socio figurante para cumplir el requisito formal de pluralidad de socios.

Desde enero de 2006 esta sociedad sustituyó a la utilizada hasta entonces y se convirtió en el principal vehículo financiero para canalizar el grueso de los pagos del FC Barcelona durante la década siguiente. La instrucción considera que este tránsito marca un punto de inflexión radical porque la práctica no sólo no se detuvo con los cambios internos, sino que se hizo más lucrativa, centralizada y opaca.

Los importes crecieron sin una justificación contractual equivalente. Si en 2004 y 2005 los pagos rondaban los 67.000 y 117.000 euros, en 2006 ascendieron a casi 210.000 euros y sentaron la base de una dinámica que acabaría superando los 700.000 euros anuales en ejercicios posteriores.

En paralelo, las actuaciones reflejan otro dato considerado significativo: en 2005 Joan Gaspart fue nombrado vicepresidente de la RFEF. Es precisamente en ese entorno temporal cuando se reactivan pagos a DASNIL y se organiza NILSAD como nueva tubería de cobro.

La facturación directa del FC Barcelona a NILSAD SCP se prolongó hasta diciembre de 2015. Sólo en ese último ejercicio la sociedad percibió 640.970,98 euros. A partir de enero de 2016 el flujo principal regresó a DASNIL 95 SL, apoyado en una nueva cuenta de Banco Sabadell abierta expresamente para recibir esos ingresos.

Aunque NILSAD dejó de facturar al club en 2015, siguió existiendo jurídicamente hasta su disolución del 2 de mayo de 2018. La operativa económica ya se había desplazado de nuevo a DASNIL, pero el entramado societario se mantenía vivo.

La documentación del caso sostiene que entre 2013 y 2018 convivieron en paralelo dos carriles de pago: por un lado, los abonos directos a las sociedades de José María Enríquez Negreira; por otro, la facturación triangular articulada a través de empresas del entorno de Josep Contreras para acabar retribuyendo a Javier Enríquez Romero.

La relación comercial entre el FC Barcelona y TRESEP 2014 SL comenzó formalmente en enero de 2015. La primera factura documentada aportada por el club, numerada 15/01-01, está fechada el 10 de enero de 2015.

Los conceptos de facturación eran genéricos y ambiguos: servicios educativo-deportivos, informes sobre perfiles de técnicos y jugadores o estudios sobre actores de competiciones deportivas. La Guardia Civil y la Fiscalía consideran que esas descripciones no coincidían con el servicio subyacente que se intentaba encubrir.

Según la investigación, TRESEP funcionó como sociedad instrumental controlada por Josep Contreras Arjona y José María Molinario Valls. No prestaba el servicio final, sino que actuaba como intermediaria entre el club y las empresas reales de Javier Enríquez Romero, especialmente SOCCERCAM SL y ESTUDIO ATD SCP.

La finalidad explícita de esa triangulación, según declaró el propio Javier Enríquez, era no vincular el apellido Enríquez con el FC Barcelona y evitar malentendidos públicos mientras su padre ocupaba un puesto de máxima relevancia en el estamento arbitral.

José María Enríquez Negreira fue relevado como vicepresidente del CTA en mayo de 2018. A continuación se produjo una secuencia de cierre prácticamente milimétrica: la última factura de DASNIL 95 SL al FC Barcelona es del 5 de junio de 2018; la última factura de TRESEP 2014 SL, del 14 de junio de 2018; y el último pago bancario del club ligado a esas facturas se registró el 17 de julio de 2018.

Para el juez instructor, la Fiscalía y la Guardia Civil, esa coincidencia temporal constituye el indicio más fuerte de que la verdadera finalidad de los pagos era retribuir la posición institucional de Negreira y no remunerar un asesoramiento técnico real. Si el servicio hubiera sido lícito y autónomo, la salida del padre del CTA no tendría por qué haber interrumpido de inmediato la actividad del hijo.

La ruptura provocó la reacción de Negreira. En febrero de 2019 remitió un burofax a Josep Maria Bartomeu en el que reprochaba la cancelación unilateral de un acuerdo que entendía vigente hasta el final del mandato presidencial y amenazaba con dar publicidad a todas las irregularidades si no se retomaban los pagos o se alcanzaba un acuerdo económico.

Las defensas han intentado explicar el fin de la relación por una política de austeridad y recortes. Sin embargo, la instrucción considera poco convincente esa tesis frente a la exactitud con la que coincide el cese del cargo y el cese del flujo económico.

La inspección tributaria que acabaría destapando el caso comenzó formalmente el 5 de julio de 2019. La AEAT abrió actuaciones inspectoras generales respecto al FC Barcelona para revisar el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, poniendo el foco en la deducibilidad de los pagos a NILSAD SCP y DASNIL 95 SL.

Cuando Hacienda pidió contratos, vídeos, informes o cualquier soporte que acreditara la realidad de los servicios, el club respondió que era imposible localizarlos. También alegó que nunca se había formalizado un contrato escrito y que las personas que habían gestionado esa relación ya no trabajaban en la entidad.

Ante la ausencia de respaldo documental, la AEAT calificó los pagos como mera liberalidad y negó su deducibilidad fiscal. Esa línea llevó después a ampliar la investigación a José María Enríquez Negreira, a DASNIL 95 SL, a NILSAD SCP, a Javier Enríquez Romero y a SOCCERCAM SL para fiscalizar el destino del dinero percibido y las retiradas masivas de efectivo mediante cheques al portador.

La inspección culminó con un informe de marzo de 2022 que concluía que las facturas no respondían a una actividad económica real y que existían indicios penales suficientes como para remitir el asunto a la Fiscalía.

En octubre de 2021 Negreira declaró ante la AEAT que el objetivo de los pagos era asegurar que no se tomaran decisiones arbitrales en contra del FC Barcelona, es decir, que todo fuera neutral y que en el club estuvieran tranquilos. También reconoció que no existía ningún documento, informe o soporte similar que recogiera el supuesto asesoramiento que decía prestar.

Añadió que mantenía un acuerdo verbal estrictamente confidencial a nivel presidencial con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que los informes de su hijo no formaban parte de lo que él facturaba por DASNIL y que una parte relevante del dinero era retirada en efectivo mediante cheques al portador para quedárselo personalmente.

En paralelo, Joan Laporta regresó a la presidencia del FC Barcelona en marzo de 2021 y fue incorporado a la junta directiva de la RFEF el 30 de marzo de ese mismo año por designación de Luis Rubiales. Poco después, su directiva asumió el cierre fiscal con Hacienda aceptando la regularización como una mera liberalidad, decisión que más tarde justificó como un pacto global para limitar el impacto económico sobre el club.

La Fiscalía Provincial de Barcelona abrió formalmente las diligencias de investigación 194/2022 el 3 de mayo de 2022 a partir del informe remitido por la AEAT. El 17 de mayo de 2022 se comisionó a la Policía Judicial para iniciar las actuaciones y a mediados de junio de 2022 el club recibió requerimientos oficiales de información.

Las explicaciones ofrecidas por el FC Barcelona ante la Fiscalía reprodujeron sustancialmente la misma línea seguida ante la AEAT: inexistencia de contratos por escrito, imposibilidad de localizar los informes o vídeos y remisión exclusiva a los conceptos literales de las facturas. También se derivó la eventual responsabilidad informativa a exdirectivos como Óscar Grau y Albert Soler.

No obstante, la causa destaca matices relevantes. Ante la Fiscalía el club omitió entregar documentación adicional de valor potencial, entre ella el burofax amenazante enviado por Negreira en 2019, que acabó incorporándose a la investigación por otras vías. En cambio, sí identificó expresamente a Javier Enríquez Romero como persona de contacto vinculada a TRESEP 2014 SL.

La judicialización se produjo el 1 de marzo de 2023 con la incoación de las diligencias previas 348/2023 por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona. El impulso inicial vino de la querella presentada por el árbitro Xavier Estrada Fernández el 24 de febrero de 2023. Posteriormente, el 10 de marzo de 2023, la Fiscalía presentó su denuncia formal contra Negreira, su hijo, los expresidentes Rosell y Bartomeu, varios exdirectivos y el propio FC Barcelona como persona jurídica.

El juez instructor Joaquín Aguirre López dejó plasmada su lectura sobre la posible corrupción sistémica en resoluciones especialmente relevantes, como el auto de 27 de septiembre de 2023 sobre el cohecho y el auto de 18 de octubre de 2023 sobre el plazo de prescripción. Su razonamiento parte de una inferencia: si los pagos se mantuvieron y crecieron durante años, es porque satisfacían los intereses del club y produjeron efectos arbitrales deseados.

A partir de esa lógica, el magistrado afirma que pudo existir una desigualdad en el trato respecto de otros equipos y, en consecuencia, una corrupción sistémica en el arbitraje español, aunque matiza que eso no equivale a sostener que todos los árbitros estuvieran implicados. Encarga a la Guardia Civil la tarea de confirmar materialmente esos extremos.

La Guardia Civil entregó al juzgado su informe de exposición de hechos el 2 de agosto de 2024 y el informe de análisis de cuentas y trazabilidad de fondos los días 26 y 27 de noviembre de 2024. Sus conclusiones son muy severas: no ha quedado acreditado un servicio real de asesoramiento, no existe cobertura contractual, hubo opacidad económica significativa y la coincidencia temporal entre cese institucional y fin de los pagos es crítica para interpretar la finalidad del dinero.

Los investigadores añaden que resulta anómalo que un club pague al vicepresidente del CTA para garantizar neutralidad arbitral, subrayan las retiradas masivas de efectivo por terceros que luego entregaban el dinero en mano a Negreira y destacan el burofax de 2019 como prueba de conciencia sobre la irregularidad del esquema.